POSICIONAMIENTO DE LOS LEGISLADORES DEL PRI
RESPECTO A LA POLÍTICA SOCIAL DEL PAIS
17 de marzo de 2008
Nuestro país vive un gravísimo problema de desigualdad económica y social que hace imperativo afrontar con decisión y valentía su brutal resultado: la pobreza que padecen cerca de cincuenta millones de mexicanos.
De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano 2005 del PNUD, México se sitúa entre los 20 países con la mayor desigualdad en el mundo, junto a países de Centroamérica y de África.
Para legisladores formados en la lucha de las reivindicaciones sociales y en función de los compromisos contenidos en los documentos básicos de nuestro partido, no hay mayor omisión que permanecer como espectadores en lugar de asumir el papel de una oposición socialmente útil y responsable.
De ahí que, motivados por la convocatoria hecha por la presidenta del CEN, Beatriz Paredes Rangel, en el 79 Aniversario de nuestra Organización Política, expongamos las siguientes reflexiones y propuestas, con una convocatoria para abordar, de fondo, el debate sobre el desarrollo social que debe alcanzar pronto nuestro país.
La involución política es manifiesta en la tendencia generalizada a utilizar los programas públicos y el establecimiento de políticas clientelares para intercambiar apoyos institucionales por lealtades electorales. Bajo esta práctica y esta óptica políticas, no habrá avance democrático en el país.
A manera de ejemplo y para poner en relieve aspectos sustantivos que fundamentan nuestra postura, reflexionamos sobre lo siguiente:
En los últimos años hemos visto con gran preocupación y denunciado públicamente que el Gobierno Federal ha ido abandonando de manera gradual sus responsabilidades con el desarrollo social, en un sentido amplio. El propósito redistributivo y de movilidad social de la política social ha sido sustituido por un simple ejercicio asistencialista, con el supuesto de que la economía de mercado resolverá por sí misma la desigualdad social.
La política social se ha convertido en un conjunto de programas dispersos, como lo reconoce el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) y sus alcances han sido muy limitados. Pese a que se han invertido cientos de miles de millones de pesos en la última década, los resultados son muy pobres, por decir lo menos.
Durante la actual y anterior administración los dos programas estrellas de la política social, es decir Oportunidades y el Seguro Popular han fracasado y su operación ha sido ineficaz para mejorar la vida de millones de mexicanos que viven en condiciones de una pobreza inadmisible. Adicionalmente, sus padrones de beneficiarios han sido utilizados, de manera reiterada y pública, para manipular políticamente a la gente y establecer una relación clientelar entre el gobierno y con quienes tienen derecho a recibir el apoyo y el compromiso del Estado mexicano.
Por ejemplo, 5 millones de niños que debieran ser beneficiarios de Oportunidades han sido excluidos, simplemente porque en sus comunidades no existe una escuela o una clínica, que la tecnocracia ha impuesto como requisito indispensable para acceder al programa, como si esos niños y esas comunidades, casi todas indígenas, fueran culpables de la incapacidad del Estado mexicano y del Gobierno para dotarlas de la infraestructura necesaria que les permita ejercer sus derechos sociales garantizados por la Constitución General de la República. Lo mismo ocurre con cientos de miles de niños cuyos padres y muchas veces ellos mismos, se emplean como jornaleros agrícolas. Hay estados y regiones en donde hay retrocesos y que su población hoy se encuentra en las mismas condiciones que había hace treinta años.
En los últimos años, desde el Congreso impulsamos cambios legales y aprobamos una Ley General de Desarrollo Social, cuyo objetivo primordial es facilitar a los mexicanos el disfrute de los derechos sociales, en especial, los de carácter colectivo. Lamentablemente el Gobierno Federal ha hecho caso omiso a dicho ordenamiento.
Por otra parte, en el caso de la educación, enfrentamos el problema de la falta de calidad en la educación básica, tanto la que imparte el Estado como la de muchas escuelas privadas. México tiene uno de los gastos más altos en educación, respecto a los demás países que forman la OCDE, pero penosamente ocupamos también el último lugar en términos de calidad respecto a esos mismos países. Nuestro sistema educativo no ha pasado la prueba en reiteradas ocasiones, mientras que las autoridades gubernamentales simplemente reconocen esta realidad y, en el mejor de los casos, prometen hacer cambios que nunca llegan. Esta situación además de hacer que nuestro país pierda en el terreno de la competitividad, lo más grave es que significa un obstáculo casi insalvable para mejorar la calidad de vida de la población e impulsar el desarrollo nacional. Otro gran problema que tenemos en materia educativa es la incapacidad del Estado para ofrecer espacios en escuelas de nivel medio superior, técnico y profesional que nuestros jóvenes requieren. En los últimos años, se ha aplicado una política presupuestal restrictiva a las universidades y los centros de educación media superior y superior del sector público.
En el campo de la salud la situación también es alarmante. Todos conocemos las deficiencias que tienen el ISSSTE, el IMSS y los hospitales regionales, generales o de especialidad del sector salud. Sabemos de las carencias a las que se enfrentan diariamente médicos, enfermeras y personal administrativo, quienes con frecuencia no cuentan ni con lo más indispensable para trabajar.
En el caso del IMSS el gobierno ha realizado varias reformas, todas con el argumento de que con cada una de ellas se resolverán los problemas, pero lo cierto es que nada ha mejorado. Por el contrario, hay evidencias de que la situación empeora y, por eso, no es casual que la mayor cantidad de quejas que recibe la CNDH cada año se refieran precisamente a malos servicios del sector salud.
De ahí que la dirigencia del PRI y nuestras bancadas en la Cámara de Diputados y en el Senado coincidamos en emprender una profunda reforma de la política social. Las instituciones que hoy existen y operan son insuficientes e ineficaces para resolver los problemas de la pobreza, de la educación y la salud.
Nuestra propuesta es recuperar y construir una auténtica política social de Estado, que involucre a todos, a los tres órdenes del gobierno y a los tres poderes federales. Necesitamos ir al fondo. Revisar todo. Mantener y fortalecer lo que es útil para los mexicanos y corregir en donde, mucha veces por atavismos ideológicos, se han empecinado en políticas con resultados muy modestos, pero que implican un gran esfuerzo presupuestal y gubernamental.
Proponemos convocar a un gran debate nacional sobre la política social, como recientemente lo hizo nuestra Presidenta Beatriz Paredes. Se trata de una invitación abierta a todos los priístas, pero también a las distintas fuerzas políticas, los diversos órdenes de gobierno, los legisladores federales y estatales, los sindicatos, las organizaciones sociales y comunitarias, los académicos, los centros de investigación en fin todos aquellos que tengan algo que aportar para recuperar la política social de Estado y, sobre todo, para los mexicanos puedan disfrutar plenamente los derechos que les concede la Constitución General de la República.
Ojalá que los medios de comunicación privilegien los temas sociales. Hoy es imperativo situar en el primer lugar de la agenda el tema que a todos nos une: la búsqueda de mejor distribución del ingreso y generación de una política social que trascienda el asistencialismo, logre integralidad que evite duplicidades en un país de carencias, multiplique y fortalezca las potencialidades productivas de los mexicanos, genere empleo como fórmula para erradicar la pobreza, fortalezca el tejido social con políticas universales que atiendan la opinión social; y, que sume la opinión de los grupos organizados de la sociedad, de los tres órdenes de Gobierno y de los tres poderes de la República.
No dejemos espacio ni foro sin abordar este tema: los académicos, los de los poderes públicos, los de instituciones de educación pública y privada, y cuanto espacio público de reflexión y análisis nos brinde la sociedad, para insistir en la importancia de articular la política social con la política económica, de tal manera que la política social deje de ser la ambulancia que recoja a los heridos y los muertos de un modelo notoriamente ineficaz para reducir la brecha de desigualdad en los ingresos o para reducir con eficacia su brutal concentración en un México, nuestro México, con 50 millones de pobres y en marginación.
